Honduras: La lucha por la soberanía popular

Con resultados preliminares que mostraban un margen muy estrecho entre el candidato del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, y el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, el Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló aproximadamente el 15 % de las actas como «inconsistentes». Cientos de miles de votos quedaron en el limbo, lo que impidió la proclamación de los resultados oficiales y ejerció una presión extraordinaria en las instituciones electorales del país.

Esta crisis no surgió de la nada. En las semanas previas a las elecciones, el Observatorio de la Internacional Progresista emitió repetidas alertas sobre las amenazas al proceso democrático de Honduras. Entre ellas figuraban inquietantes grabaciones de audio en las que se alegaba la existencia de un complot coordinado en el que participaban altos cargos de la oposición, un consejero del CNE y elementos de las fuerzas armadas, así como una visible escalada de la presión política extranjera procedente de Washington. El Observatorio advirtió de que tales maniobras, diseñadas para deslegitimar las instituciones y favorecer al candidato respaldado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, Nasry «Tito» Asfura, corrían el riesgo de convertir unas elecciones reñidas en un detonante de la desestabilización, en lugar de permitir que unos procedimientos legales y transparentes dieran lugar a un resultado democrático legítimo.

Desde la noche de las elecciones, la crisis se vio impulsada por una combinación de disfunciones y politización. El consejero del CNE Marlon Ochoa y las autoridades gubernamentales advirtieron que el sistema de conteo de votos se vio obstaculizado por retrasos en la gestión del material electoral y graves deficiencias técnicas en las herramientas para tabular los votos.

Estas preocupaciones fueron compartidas por la Misión Internacional de Observación Electoral de la COPPPAL, que argumentó que las «irregularidades y retrasos» en el conteo postelectoral de Honduras se debían sobre todo a deficiencias estructurales en el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), problemas que ya habían sido identificados por el CNE semanas antes del día de las elecciones. La COPPPAL citó la ausencia de auditorías independientes, controles de seguridad insuficientemente detallados y el uso de tecnologías no validadas por todas las partes interesadas en las elecciones. La Misión advirtió que estas deficiencias podrían afectar tanto a la rapidez como a la integridad de la transmisión de los resultados, y llamó a un recuento completo, incluida una revisión voto por voto en presencia de los partidos, los candidatos y los observadores, como el medio más creíble para restablecer la confianza de la ciudadanía.

La injerencia directa de Trump —incluido el chantaje público al pueblo hondureño, el respaldo a Asfura y el indulto al expresidente y narcotraficante condenado Juan Orlando Hernández— ha agravado la polarización y aumentado las tensiones políticas. Las autoridades hondureñas y los actores políticos de todo el espectro denunciaron estas acciones como una injerencia externa que debilita la soberanía nacional.

El candidato liberal Salvador Nasralla denunció irregularidades electorales y presionó para que se realizara un recuento exhaustivo. La presidenta Xiomara Castro y la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, calificaron el proceso de «golpe de Estado electoral» y llamaron igualmente a un recuento completo, anunciando su intención de llevar el caso ante las instituciones internacionales. A medida que se retrasaba la publicación de los resultados y aumentaban las protestas, la Comisión Permanente del Congreso Nacional anunció que no validaría los resultados electorales debido a la injerencia extranjera. En respuesta, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos señaló en su discurso formal ante el Consejo Permanente que ninguna autoridad estatal, salvo el CNE, tiene la facultad legal de determinar la validez de las elecciones.

A medida que la disputa se agudizaba, el consejero del CNE Marlon Ochoa denunció públicamente lo que describió como una reducción inaceptable de la verificación. Demandó un recuento voto por voto de toda la contienda presidencial en todas las mesas electorales, argumentando que cualquier cosa menos que eso exigiría una fe «ciega» del público en un proceso ya debilitado por inconsistencias documentadas. Los otros dos consejeros del CNE rechazaron esta propuesta y limitaron el recuento a solo 1,081 actas, aproximadamente el 5.6 % del total. Mientras tanto, el recuento especial de las actas inconsistentes se ha retrasado repetidamente por obstáculos administrativos y políticos, incluidas disputas dentro del propio CNE.

La dimensión internacional de la crisis se puso aún más de relieve durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada el 15 de diciembre. El jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga, informó de que la Misión había observado retrasos y falta de experiencia en la ejecución tecnológica, pero «ninguna malicia ni manipulación evidente» de los materiales o los sistemas informáticos. La sesión, solicitada por varios Estados miembros de la OEA, reflejó la creciente preocupación regional por las elecciones no resueltas en Honduras. En nombre del Gobierno hondureño, el viceministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres, denunció lo que describió como «interferencia abierta» del presidente Trump y criticó el informe de la OEA por omitir cuestiones clave sobre la presión, la interferencia y la intimidación extranjeras, lo que amplió la brecha entre las conclusiones de la OEA y la evaluación del Gobierno hondureño.

Mientras tanto, estallaron protestas en la capital, Tegucigalpa. La noche del 15 de diciembre, aliados del partido LIBRE se reunieron frente al complejo del INFOP, donde se guardan los materiales electorales, para demandar transparencia en el estancado proceso postelectoral. Las fuerzas de seguridad dispersaron a la multitud con cañones de agua, y se informó de al menos un manifestante herido y daños materiales en la zona. 

Posteriormente, la presidenta Castro condenó lo que describió como la «represión» de la ciudadanía que ejercía sus derechos democráticos y ordenó que se investigara el uso de la fuerza, instruyendo a las autoridades para que identificaran y destituyeran a los responsables de llevar a cabo acciones desproporcionadas. 

Más de dos semanas después de la jornada electoral, Honduras sigue sin resultados certificados de las elecciones presidenciales. El proceso de recuento continúa bajo una intensa tensión, mientras persiste la incertidumbre y la desconfianza en toda la sociedad hondureña.

El Observatorio de la Internacional Progresista hace un llamado a la comunidad internacional, en particular a las misiones de observación electoral, las instituciones democráticas y las organizaciones de la sociedad civil, para que se mantengan alerta, insistan en una transparencia total y verificable mediante el recuento de todos los votos y rechacen toda forma de injerencia extranjera, coerción o ingeniería política que niegue al pueblo hondureño su derecho soberano a determinar su propio futuro mediante el voto popular.

Foto: Tegucigalpa